La jueza María Servini, a cargo de la investigación sobre los disturbios ocurridos en las inmediaciones del Congreso durante el tratamiento de la Ley Bases, se pronunció sobre el estado de la causa. A pesar de haber ordenado la libertad de la mayoría de los imputados, cinco personas permanecen detenidas bajo prisión preventiva debido a su presunta participación en los hechos violentos.
En una entrevista con El Destape Radio, Servini explicó que la investigación aún está en curso y que falta analizar una gran cantidad de material probatorio, incluyendo numerosos videos que podrían aportar nuevas evidencias. La jueza destacó las dificultades iniciales que enfrentó debido a la falta de elementos en los expedientes cuando asumió la causa.
Procesamiento de los detenidos
Servini justificó la prisión preventiva de cinco imputados al encontrar correlación entre los testimonios de los policías y las pruebas documentales. Los detenidos son:
- Cristian Valiente: procesado por intimidación pública en concurso ideal con atentado a la autoridad, encontrado en posesión de una granada.
- Patricia Calarco Arredondo: acusada de incendio y daño agravado por afectar bienes públicos (bicicletas del gobierno de la Ciudad), junto con intimidación.
- Facundo Ezequiel Gómez: procesado por intimidación pública en concurso ideal con atentado a la autoridad.
- Daniel Sica: acusado de atentado a la autoridad, agravado por cometerse en reunión de más personas y por poner en peligro a la autoridad, en concurso ideal con intimidación pública.
- Roberto Maria de la Cruz Gómez: procesado por intimidación pública en concurso ideal con atentado a la autoridad.
A todos se les impuso un embargo de 500 mil pesos.
Posibles responsabilidades policiales
La jueza no descartó la posibilidad de que algunos policías pudieran tener responsabilidad en los disturbios, indicando que se han solicitado los nombres de todos los oficiales presentes para determinar su rol exacto durante los incidentes. Criticó la aparente desorganización de las fuerzas de seguridad, señalando la falta de coordinación entre las fuerzas federales y la Policía de la Ciudad.
Servini también se diferenció del fiscal Carlos Stornelli, quien había calificado las acciones de los detenidos como actos terroristas. La magistrada expresó su desacuerdo con esta visión, subrayando que puede haber diferencias de interpretación entre el fiscal y el juzgado.
Reacción del gobierno y situación actual
En cuanto a la postura del gobierno frente a los incidentes, Servini optó por una respuesta concisa, señalando que cada uno evalúa la situación según sus propios criterios.
La investigación sigue abierta y la jueza continúa analizando las pruebas, buscando esclarecer completamente los hechos y determinar todas las responsabilidades involucradas en los disturbios ocurridos durante la sesión en el Senado.
